Debo sí niego, pago no quiero: MAYL a empresarios.

La deuda que sostiene el gobierno de Veracruz con empresarios, comerciantes y prestadores de servicios desde la pasada administración ha sido motivo de chantaje político y escándalo mediático por parte del Gobernador del estado Miguel Ángel Yunes. Sin embargo, lo cierto es que ahora esa deuda no ha sido liquidada y ni siquiera sabemos con precisión su monto.

Apenas concluido el proceso electoral en 2016, el Gobernador electo soltó a sus testaferros para difundir profusamente que la deuda pública de Veracruz se ubicaba entonces en al menos en 170 mil millones de pesos.

En el primer día de su administración, la Secretaría de Finanzas dio a conocer que en realidad había un pasivo de 41 mil 529 millones de pesos que correspondían a deuda bancaria y valores bursátiles; y 46 mil 398 millones que se debían a proveedores, prestadores de servicios y contratistas.

Curiosamente, un año después, Yunes Linares aseguró que el gobierno de Javier Duarte dejó más de 500 millones de pesos en deudas con proveedores que hasta este momento no han sido pagados. Y hace tres semanas justamente, el secretario de Finanzas y Planeación, Guillermo Moreno Chazzarini, dio a conocer que a pesar de la reestructuración de la deuda pública del estado,  la deuda total asciende actualmente a 58 mil 118 millones de pesos.

A la luz de sus propias cifras, el Gobernador Yunes debe explicar a los veracruzanos por qué si el adeudo a proveedores es significativamente menor al catastrofismo que ellos mismos promovieron, la reestructuración de la deuda fue por un monto mayor. Y lo que es peor: si esta deuda ya fue reestructurada, por qué no se ha pagado a los empresarios y proveedores.

Según Yunes Linares, sólo son 350 proveedores aproximadamente los que acreditaron deudas, a quienes ofreció que se les pagaría a partir del mes de enero, dando prioridad a los de mayor antigüedad, ya que en el presupuesto que se tiene para el 2018 se contempló un fondo para comenzar a pagar estos 500 millones de pesos.

La posición del gobierno sigue siendo la misma: debo sí niego, pago no quiero.

En septiembre pasado el Gobernador Yunes instruyó a la Sefiplan revisar o validar adeudos a proveedores y contratistas. Esta disposición publicada en la Gaceta del Estado se vino a sumar a la cadena de mentiras y verdades a medias que ha utilizado el mandatario para ocultar el monto real de la deuda y poder utilizarla como herramienta política. La oferta del Gobernador no fue tal. Sólo se trató de una nueva estafa.

El acuerdo señala que sólo se validará la deuda que dejó la administración estatal en el periodo 2010-2016 y no la que se contrate en este gobierno. Es decir, es una disposición selectiva y no de observancia general, por lo que este gobierno no tiene porqué sujetarse a ella.

Además, la validación tendrá como fecha límite noviembre del 2018 –el último día de la presente administración- y eso dejará las bases para que el gobierno próximo pague los pendientes. Para los empresarios, la estrategia de recuperar lo perdido fue mediante la amenaza y el chantaje –ambos previstos también en el decreto-, y no con la intención de evaluar la deuda real del gobierno estatal.

Las preguntas obligadas son: ¿qué sigue en la ruta mediática y electoral del Gobernador? ¿Las cifras sobre la deuda del estado eran falsas? ¿Se darán a conocer las verdaderas? ¿Por qué este trabajo no se realizó antes? ¿Sólo se pagará a quienes se alineen y acepten financiar la campaña a Gobernador que MAYL coordina?.

En distintas ocasiones, como sucedió este fin de semana, sectores empresariales –como la Coparmex a nivel nacional y empresarios locales- han pedido al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares que cumpla sus compromisos. Hasta el día de hoy, a quince meses de iniciada la administración, no se han cubierto los adeudos que ellos mismos reconocen como válidos.

A causa de la crisis provocada por el gobierno estatal, Veracruz registró un crecimiento negativo de su economía, el cierre de comercios y empresas, y la consecuente pérdida de empleos.

Empobrecer al estado para mantener el gobierno es una decisión irresponsable y perversa.